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EL PAÍS NECESITA UNA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO

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En la lógica del gobierno nacional de ser los últimos defensores del mundo de una economía abierta y concentrad a made in OMC, los salarios pasan a ser un costo de producción, el cual hay que bajar para tener “competitividad”.

El presidente Macri ha expresado en reiteradas oportunidades que quiere un país integrado al mundo, para lo cual hay que dejar atrás las políticas proteccionistas que caracterizaron las etapas de gestiones anteriores. Esto explica el fuerte impulso que han tenido las importaciones en los últimos dos años y también el déficit comercial más grande de la historia, que se verificó en 2017.

Ahora bien, un punto importante a considerar es la relación de este tema con los salarios de los trabajadores. En el marco de una economía semicerrada, la lógica económica recomienda que los salarios sean lo más altos posible, ya que ayudan a activar la demanda de los productos dentro del país. En cambio, en el marco de una economía muy abierta al comercio internacional, los salarios –para los empresarios- pasan a ser componentes importantes de los costos de producción.

Esto explica que, cada vez que en la Argentina hay un gobierno que se plantea una política de apertura económica, esa acción tiene que ir acompañada de un disciplinamiento de la fuerza laboral. Lo hizo Menem en la década del 90 y lo está haciendo Macri en la actualidad. Si además el proceso de apertura de las importaciones es indiscriminado, como estamos viendo en estos momentos, la necesidad de ajustar a los trabajadores se hace más patente.

De otro modo, no podríamos entender la caída del poder adquisitivo del salario en los últimos dos años. Según datos del propio Ministerio de Trabajo de la Nación, en 2016 la pérdida global de la capacidad de compra de los empleados registrados desde noviembre de 2015 a la fecha fue del 4%. Para los ocupados con empleo en negro, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) estimó en su último informe, en base a datos del segundo trimestre 2017 de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que “la remuneración promedio de los asalariados no registrados había sufrido una caída que fue 60% superior a la del salario promedio de los registrados, en comparación con el mismo trimestre de 2015”. Y agrega el documento que se trata en este caso de los trabajadores “con menores posibilidades para defender el poder adquisitivo de sus salarios”.

Es en este contexto que hay que enmarcar la conflictividad gremial actual, las divisiones en la CGT y los proyectos que el gobierno envía al Congreso para el tratamiento de una reforma laboral, o que trata de filtrar a través de diversos decretos y resoluciones de manera unilateral y arbitraria.

Desde nuestro espacio político y legislativo trabajaremos para esclarecer esta situación e impulsaremos un programa de acción que preserve la dignidad de la gente, el desarrollo industrial, los trabajadores, la democratización económica a través del cooperativismo y el mutualismo, y una integración regional y mundial que responda a una visión estratégica de país y no solamente de un sector del poder económico.

 EL PAÍS NECESITA UNA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO

Está fuera de discusión que, para que un país crezca y se desarrolle, hay que dinamizar la inversión productiva. La principal función del sistema financiero es intermediar entre el ahorro (de los ciudadanos) y la inversión (a cargo de los emprendedores y las empresas, e incluso el propio Estado). Hasta aquí la teoría.

El problema es que en la Argentina, desde hace décadas, y a diferencia de lo que ocurre en casi todo el mundo, el sistema financiero cumple débilmente el rol que debería tiene para contribuir al desarrollo productivo del país. Su principal rol está orientado hacia las actividades especulativas y la gestión de patrimonio de los segmentos más concentrados de la sociedad.

¿Por qué es así? Porque desde el año 1977 -gracias al aporte del recordado Martínez de Hoz- tenemos en la Argentina una Ley de Entidades Financieras que expresa en términos sintéticos, que tener un banco es más o menos lo mismo que tener una verdulería, una carnicería o una tienda. Esto quiere decir que se asimila la actividad financiera a la de cualquier otro emprendimiento de carácter privado. A partir de lo anterior, los bancos hacen lo que se les da la gana, para maximizar sus utilidades. Hacen lo que les conviene a ellos, y no lo que le conviene al país.

Este es uno de los factores, entre otros muchos, que ayuda a explicar la baja tasa de inversión que tiene la Argentina, desde hace décadas. Otro de los factores crónicos que explica la ausencia de inversiones es la fuga de capitales, a la que el propio sistema financiero aporta su logística.

El gobierno anterior no quiso avanzar en la reforma del sistema financiero, a pesar de contar con mayorías parlamentarias y de haber existido iniciativas como el proyecto de ley presentado en el año 2010, por el entonces Diputado Nacional Carlos Heller.

Según cifras oficiales, los Bancos mostraron en 2017 en la Argentina utilidades por casi 86.000 millones de pesos o 4.300 millones de dólares. Y hay una constante: con economía en recesión o en expansión, es un sector que siempre muestra rentabilidades que se sitúan por encima del resto de los sectores productivos del país. Ya hemos explicado el porqué.

Llama poderosamente la atención que el Presidente de la Nación y su equipo de colaboradores, no se cansen de hablar que hay que modernizar la legislación y ponerla a tono con las nuevas tecnologías, pero que sin embargo, no digan ni una palabra sobre este tema. El Sistema Financiero sigue rigiéndose por una ley del año 1977, a pesar de todos los cambios que se han producido en el sector desde ese entonces. ¿Por qué será?

Desde nuestro espacio legislativo y político comenzamos a trabajar sobre este importante y delicado tema. La idea es volver a instalar en el Congreso y la sociedad argentina la necesidad de ir por una nueva Ley de Entidades Financieras que ubique al sistema financiero en el rol que el país necesita, esto es apoyando la inversión productiva y no la especulación.