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LA CRISIS ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA REQUIERE CONSENSOS, NO “GRIETAS”

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Desde el Partido Socialista de la provincia de Buenos Aires vemos con preocupación los graves daños que provoca, sobre la mayoría de la comunidad, la crisis económica, social y sanitaria. Como ya lo manifestáramos, respaldamos y reconocemos que las medidas tomadas a tiempo, al inicio de la pandemia, permitieron encarar con responsabilidad y prudencia el abordaje de ésta, así como aquellas que se han ido adoptando luego, a lo largo de los meses.

Lamentablemente, estamos sufriendo un alarmante incremento de casos en el interior de la provincia, y se mantienen aún elevados niveles de contagios en el AMBA. Esto no solo afecta a toda la población bonaerense desde lo sanitario, sino que también trae aparejado gravísimos efectos económicos, sociales y políticos a nivel general, y problemas emocionales y psicológicos en cada individuo.

También advertimos que los intendentes han autorizado y/o permiten de hecho, actividades no previstas en las normas provinciales y se desarrollan reuniones familiares y sociales sin las normas de cumplimiento de los protocolos en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional, y gestionado por el Ejecutivo Provincial. Por ello  apelamos a la responsabilidad social de las organizaciones, funcionarios y bonaerenses.

Debemos insistir una vez más en lo imprescindible, cuidar a quienes nos cuidan. El personal sanitario, auxiliar y administrativo del área de salud, que constituyen el principal grupo al frente de la pandemia, de manera directa. Requerimos a tal fin, todos los cuidados sanitarios, contención emocional y reconocimiento salarial acorde al esfuerzo que llevan adelante y a los riesgos que día a día se exponen. Hoy, el personal de salud se encuentra afrontando situaciones de agotamiento físico y psíquico. Es necesario la apertura de paritarias para este sector, la implementación de la “Ley Silvio”, la garantía de licencias a los grupos de riesgo, los EPP (Equipos de Protección Personal), insumos no EPP necesarios, y testeos a todo el personal de salud. Sin salud no hay inclusión social y sin trabajadores de la salud con condiciones laborales dignas no hay sistema sanitario posible.

La pandemia ha puesto en evidencia, además, los déficits en materia sanitaria: escasez de dispositivos y servicios, no mantenimiento de la aparatología, falta de medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas, oncológicas y psiquiátricas. Fallas o falta de atención por parte de IOMA, situaciones que no da respuesta especialmente a los sectores más vulnerables.

Al mismo tiempo, la situación reinante ha evidenciado como nunca la vulnerabilidad de mujeres expuestas a permanecer confinadas en situaciones de  violencia de género y doméstica. En provincia de Buenos Aires una mujer es asesinada cada tres días (Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, de la Asociación Civil La Casa del Encuentro), sin contar los femicidios vinculados (asesinatos de hijas/hijos o familiares de la víctima en el mismo acto). Se necesita con urgencia políticas públicas con perspectiva de género. También la implementación de la Ley Micaela en todos los municipios.

Las cuestiones de seguridad no deben ser gestionadas desde los estudios de televisión. La prevención del delito requiere de abordajes interdisciplinarios en el territorio. Coordinar éstos, es muy complejo y definitivamente no puede ser realizado por un Ministro de Seguridad que sale a contar la realidad por los medios de comunicación, ó en el peor de los casos, a exhibirse ante las cámaras en pose de “hombre duro”, pero que contrariamente, no articula acciones en materia de prevención ante los hechos delictivos, cada vez más crecientes.

Agrava la situación, la persistencia de prácticas permanentes en las Fuerzas, signadas por el uso desmedido de la violencia institucional, inaceptables en el marco del Estado de derecho. Claro ejemplo de esto, es el caso de Facundo Astudillo Castro, del cual pedimos, nuevamente, su pronto esclarecimiento.

Asimismo, la educación pública de nuestra provincia atraviesa el peor momento de la historia, teniendo docentes, auxiliares y directivos, realizando esfuerzos titánicos para cumplir su principal objetivo que es el de enseñar, y formar ciudadanos responsables, solidarios y capaces. Sin embargo, a tan noble fin, no se le destinan los recursos adecuados ni remuneraciones dignas al personal docente. Se suma a esto, la desigualdad que pone de manifiesto la suspensión del dictado presencial de clases en los distintos hogares donde el acceso a plataformas digitales, conectividad, servicios esenciales es distinta de acuerdo con el nivel de ingresos y a la zona geográfica de cada familia y nos preocupa de sobremanera la inminente deserción que podría darse. Creemos que ha faltado gestión e ideas innovadoras ante la necesaria extensión del aislamiento social, por lo que consideramos urgente convocar a ámbitos de dialogo de toda la comunidad educativa para enfrentar ello y que en cada rincón de la Pcia se busque la continuidad y mejora de la educación.

Acompañamos la decisión de declarar como servicio público esencial a la telefonía móvil, internet y TV por cable. Es importante achicar la brecha digital, en especial en épocas de teletrabajo y educación a distancia, y para eso se requiere aún que los tres niveles del Estado adopten las medidas necesarias para garantizar la conectividad a todos los hogares de la Provincia, y en particular a los barrios populares.

La grave problemática habitacional de años de nuestra provincia, se ha puesto en evidencia, con el incremento de las ocupaciones de tierras en los últimos meses; en que muchas familias se ven obligadas a este recurso desesperado, por la falta de recursos económicos para abonar alquileres o porque han ido perdiendo su vivienda. Que asimismo, muchos inescrupulosos aprovechan estas necesidades y  organizan las tomas a fin de obtener otros réditos. Nuevamente el Estado muestra su desidia en esta materia también. Es evidente la falta de desarrollo de políticas de hábitat y vivienda con continuidad y de largo plazo. Tampoco ha sabido el Estado intervenir en un mercado inmobiliario cada vez más voraz y alejado del alcance de la economía de las familias bonaerenses. Vemos con expectativa el reciente anuncio del gobernador de un plan de viviendas y recomendamos al gobierno la convocatoria a las cooperativas de vivienda, que en las últimas décadas, han sido las únicas organizaciones capaces de intervenir de forma eficaz en el mercado inmobiliario, para brindar una solución habitacional accesible.

Se requiere un mayor compromiso de los tres niveles del Estado para atender los reclamos de acceso a la tierra y a la vivienda, que se implemente la Ley de Hábitat Nro. 14.449, y que los municipios de la Provincia, adhieran a la misma.

El Delta del Paraná alberga humedales y ecosistemas que brindan una singular variedad de bienes y servicios eco-sistémicos que benefician no sólo a los habitantes isleños ribereños, sino también a millones de ciudadanos que viven al margen de esta ecorregión. No sólo estamos contaminando al delta con desechos de los conglomerados urbanos, industriales y agropecuarios, sino que, producto del corrimiento de la frontera agrícola y ganadera, estamos introduciendo una ganadería permanente con prácticas de manejo del fuego que afectan su integridad ecológica. Sumado a esto, terraplenes que obstruyen el curso de las aguas sin ningún criterio de sustentabilidad. Debemos planificar la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible. Pedimos a los poderes del Estado provincial que se exija al gobierno nacional la rápida implementación del Plan Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP) y la sanción de una Ley de Humedales. En este sentido, se ha presentado asimismo un nuevo proyecto de parte del Diputado Nacional del Partido Socialista, Enrique Estévez.

Por eso, se requiere una política integral de la Provincia y Municipios, en defensa de los recursos naturales, humedales y reservas urbanas que han sido destruidos en las últimas décadas por favorecer a los emprendimientos inmobiliarios. Es preciso que además el OPDS ejerza un control efectivo y verifique el cumplimiento de las normas vigentes.

La desocupación que nos viene aquejando desde hace años se ha visto incrementada con esta disminución de la actividad industrial y comercial impuesta por la cuarentena. El INDEC nos informa de los elevados niveles de desocupación, en el conurbano bonaerense con un índice de 13,8% (para el segundo semestre) y de 11,1% de subocupación, y observándose que la ciudad de Mar del Plata, que se encuentra entre los principales puntos estratégicos de la provincia, marca el triste récord de 26% de desocupación y 9,2% de subocupación. Estos porcentajes constituyen más de un millón doscientos mil bonaerenses con problemas de empleo a lo que se debe sumar el alto índice de informalidad (trabajo en negro). Las nuevas mediciones de pobreza nos golpean con cifras alarmantes: más de la mitad de la población de nuestro país está sumergida en la misma y sin posibilidades reales de salir de ella en el corto plazo.

La falta o debilidad con la que se toman las Paritarias profundiza el alto deterioro salarial. La implementación de sumas fijas perjudica la carrera laboral y afectará aún más, el déficit de las cajas jubilatorias. La modificación y congelamiento jubilatorio por parte de Anses perjudica a millones de argentinos.

En tal sentido, expresamos además, nuestra preocupación por la situación del Instituto de Previsión Social Bonaerense (IPS) y sostenemos su carácter solidario, de reparto y público. El déficit actual del mismo que en el mes de mayo de 2020 tuvo un desfasaje de 3500 millones de pesos y es actualmente cubierto por el Estado provincial. Se torna evidente la imperiosa necesidad, en el marco de la Ley 9650, de equilibrar la situación.

Ante la crisis se debe avanzar en los consensos que permitan superar diferencias. Profundizar la participación, sentar a la mesa de decisiones a la mayor cantidad posible de actores que representen las diversas realidades. Con una firme decisión de concluir en coincidencias para garantizar acciones con acuerdos mayoritarios que allanen su cumplimiento.

Planteamos nuevamente la constitución de un Consejo Económico Social y Político  (CESyP) con más vigencia y urgencia en estos tiempos. Es durante la pandemia donde se debe constituir. La participación genera empatía, dialogo y solidaridad. Su síntesis son los entendimientos que allanan la toma de medidas que con criterio sanitario se puedan fijar a futuro. El CESyP se debe constituir a nivel provincial y en cada municipio. Se debe integrar a representantes de los trabajadores, de los empresarios, de las diversas expresiones políticas, de las múltiples organizaciones sociales, de las asociaciones vecinales, de las ONG, de los credos, los clubes deportivos, etc. La multiplicidad de representaciones posibilitará que estas se constituyan en difusoras e impulsoras de los cuidados y medidas de restricción que se requieran.

En este marco, que todos conocemos como “grieta”, la Junta Provincial del Partido Socialista insta a la superación de las diferencias, y aunar esfuerzos para alcanzar resultados positivos. Propicia encontrar objetivos comunes que garanticen condiciones de vida dignas a todos los bonaerenses. El Gobierno Provincial puede y debe hacer más: la Provincia de Buenos Aires lo merece.

Por último, convocamos a nuestro/as afiliados/as a la militancia y al compromiso e instamos a sumarse a las acciones solidarias en cada lugar de la provincia. Revaloricemos nuestra vocación de consolidar un Partido Socialista activo, solidario y participativo.